El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca.
El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.
Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena. La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez.
La ausencia de casos judicializados por torturas contra el Ejército llama la atención si se toma en cuenta que la Secretaría de la Defensa (Sedena) es la institución más señalada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, que tiene 4 mil 655 denuncias entre 2015 y 2019, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Pero una cosa es denunciar y otra que un juez termine por analizar el caso. Según los datos de la CMDPDH, solo el 0.55% de todas las investigaciones llegó al juzgado.
Esta impunidad es corroborada por los datos solicitados por Animal Político al Poder Judicial de la Federación. Desde 2010, un total de mil 137 militares fueron vinculados a proceso por algún tipo de delito. De ellos, apenas 374 terminaron con algún tipo de condena. Este período abarca los dos últimos años de Felipe Calderón como presidente, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.
La mayor parte de los delitos por los que fueron señalados los militares tienen que ver con la portación de armas, con la colaboración o pertenencia a algún grupo del crimen organizado y por homicidio.
Apenas hay señalamientos por otras vulneraciones graves contra los Derechos Humanos que lleguen ante un juez.
Por ejemplo, son solo ocho expedientes abiertos por tortura y otros diez por desaparición forzada.
No obstante, los datos están incompletos, ya que el Poder Judicial asegura no tener información de cómo acabó el procedimiento en 498 de los casos. Es decir, que no tiene registros de si hubo sentencia o no en casi la mitad de los expedientes contra militares abiertos en la última década.
“No hay incentivos para que los militares dejen de cometer actos violatorios contra los Derechos Humanos”, explica Lucía Chávez Vargas, investigadora de la CMDPDH, que ha acompaña a víctimas de abusos y elabora informes que ponen de manifiesto la impunidad que opera en México.
Chihuahua y Jalisco, los estados con más militares acusados
El Ejército es parte fundamental de la seguridad desde que en 2006 el presidente Calderón declaró la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, entre los delitos que más se imputan a sus integrantes están la pertenencia a grupos del crimen organizado o los delitos contra la salud por tráfico de drogas. En concreto, según los datos proporcionados por el Poder Judicial, un total de 270 militares fueron juzgados por portación ilegal de armas, 65 por crimen organizado, 37 por delitos contra la salud y 123 por homicidio.
En general, los uniformados logran eludir la justicia. Aunque hay ocasiones en las que sus integrantes terminan ante los tribunales e incluso sentenciados. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Jorge Otilio Cantú, de 29 años, asesinado el 18 de abril de 2011 en Monterrey, Nuevo León. Militares que ejercían labores de orden pública lo acribillaron de 29 balazos. Aseguraron que lo habían confundido con un integrante de un grupo criminal y llegaron a sembrarle un arma.
Sin embargo, la perseverancia del padre de la víctima, Otilio Cantú González, permitió que cinco uniformados fueran condenados a 22 años y seis meses de prisión por “homicidio calificado”. Se trató de la primera sentencia contra integrantes del ejército por este delito.
Nuevo León, con 51 militares procesados en estos últimos 10 años, no es uno de los estados con mayor número de miembros del ejército sentados ante el juez. La lista la encabezan Chihuahua, con 157; Jalisco, con 125; y el Estado de México con 80. Por detrás se encuentran Baja California, con 61, y Sonora y Tamaulipas, con 56 respectivamente.
La falta de sentencias judiciales es uno de los mecanismos con los que opera la impunidad, pero no el único. Según reveló Animal Político, la Sedena estableció un mecanismo para pagar compensaciones al margen de la Ley General de Víctimas a 187 afectados por violencia provocada por los propios uniformados.
“Sedena no rinde cuentas ni rendirá. El ejemplo es (el general Salvador) Cienfuegos. Es difícil que estos militares de alto rango rindan cuentas y más en la actual administración con todo el poder que se le ha dado al Ejército”, dice Chávez Vargas. En opinión de la investigadora de la CMDPDH, el incremento de atribuciones durante el sexenio de López Obrador va a incrementar la impunidad.
“Con todo el poder acumulado va a ser más difícil que rindan cuentas. Desde los temas de violaciones a los Derechos Humanos hasta los relacionados con cuestiones económicas, que van a tener más opacidad”, considera.
Un dato relevante: en la última década no hay un solo militar que haya sido sentado ante un juez por delitos económicos. Habrá que ver si revelaciones como la investigación de El País que probó el desvío por parte de la Sedena de 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019 termina con algún militar vinculado a proceso.
El caso de Cienfuegos es significativo. Porque, al margen de las acusaciones de narcotráfico formuladas por EU (y que el gobierno ha clasificado), existen casos de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante su mandato al frente de la Sedena.
No hay constancia de que la Fiscalía General de la República lo esté investigando por acciones u omisiones en hechos tan relevantes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 o la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México.
Chávez Vargas apunta otro dato relevante: en los pocos casos en los que se producen condenas, estas afectan solo a militares de bajo rango, ya que nunca se investiga quién dio las órdenes.
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