La prestigiada Barra Mexicana de Abogados, juristas reconocidos, investigadores que han hecho del estudio de las Leyes y el Derecho una tarea notable, periodistas y comunicadores reconocidos por su talento e independencia en su desempeño, gente que analiza y razona, etc., han vertido su opinión, en contra. Es decir, cuestionando lo que 6 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron: Si es constitucional o no, la consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República.
Una propuesta que fue enviada por el presidente López Obrador al máximo organismo que debía ser garante en la defensa de la Ley, a través del Senado. Propuesta que sí se lee detenidamente la pregunta que finalmente se cambió y se aprobó, en su estricta observancia y aplicación abarcaría los casi dos años de la actual gestión gubernamental que lleva ya casi dos años, anteriores. Porque dice: “Juicio por presuntos delitos cometidos por funcionarios en años anteriores”. Que, además, dicho juicio no necesita consulta, pues la autoridad teniendo evidencia de los delitos, debería perseguirlos de oficio. “El que la debe, que la pague”.
Los que opinan sobre el asunto, no es que sean militantes de partidos políticos contrarios al que hoy gobierna. Son mexicanos que estudian y analizan lo concerniente a la vida pública y vierten su punto de vista respecto a un controvertido tema, muy delicado para la vida democrática y libre del país. Puede que tengan o no, razón, ese punto sería para un análisis aparte.
Lo cierto es que, es un tema que tiene polarizada a la sociedad, pero además, los que cuestionan son ciudadanos preocupados porque este gobierno, uno a uno, va eliminando las instancias que servirían de contrapeso ante la acumulación de poder en manos de un solo hombre. Un contrapeso necesario para mantener el equilibrio social que evite abrir el camino al autoritarismo.
En su juicio, los que con su postura han exhibido la debilidad de la Corte, simplemente difieren de esa mayoría, 6-5, que da vía libre a un instrumento que se usará por el gobierno, así aseguran, evidentemente con fines políticos. En su alegato, exponen razones estrictamente jurídicas, dentro del marco del derecho constitucional.
En este escenario en el que se pone al Poder Judicial en entredicho y lo peor, subyugado al Poder Ejecutivo, por más que el ministro presidente, ha tratado de negar que no hubo presión del gobierno para votar en el sentido como lo hicieron, su argumento no ha tenido el suficiente peso para que demuestre que no votó, junto con otros 5, por consigna, por intereses de orden personal y política. Hasta se habla de pago de favores a quien, gracias a su posición de poder, los puso en sus cargos. Lamentable lo que se dibuja en el horizonte político dé México: Crisis de salud, de economía, de empleo, de cultura, ciencia y educación con la extinción de más de un centenar de Fideicomisos, incremento exponencial de la pobreza, de riesgo latente a la libertad de expresión, un ambiente de polarización y hasta de odio social fomentado desde el poder, en fin, un escenario de mucho miedo e incertidumbre y desconfianza. Muy preocupante.
